Artículo del Ing. Víctor Poleo - 2 de Abril de 2012
Su
decreto de constitución fue en 2007 y se dio plazo de tres años
para que se lograra la fusión. No se pudo. Entonces se decreta una
prórroga de un año, que se cumplió el 31 de diciembre de 2011.
¿Cómo
unificar la nómina de 26 mil trabajadores?
¿Cómo
unificar los procesos medulares de generación, transmisión y
distribución’?
¿Cómo
unificar las cuentas, si las de Cadafe son un desastre?
¿Cómo
unificar las culturas?
¿Esto
es posible? ¿Por qué ese empeño en desdibujar el anterior esquema?
¿Estos cambios han interrumpido las verdaderas prioridades del
sector?
I Una industria
centenaria imposible de desdibujar
Lo primero a indagar
estriba en el por qué desdibujar en 2007, manu militari, la
histórica configuración institucional-corporativa de la industria
eléctrica venezolana. Veamos: se trata de una configuración
desarrollada a lo largo de 120 años y que inicia con capitales
privados para la prestación del servicio eléctrico en Maracaibo
(1888, Jaime F. Carrillo, Maracaibo Electric Light Co., 270 kW en
máquinas alimentadas por leña) y Caracas (1897, Ricardo Zuloaga,
Electricidad de Caracas, hidroeléctrica de 240 kW en El Encantado,
rio Guaire). Eran entonces tiempos de una Venezuela rural, carente
de instituciones y una disminuida población de 2 millones de
habitantes todavía azotada por guerras civiles durante todo el siglo
XIX. A comienzos del siglo XX la capacidad instalada de generación
nacional alcanza a 1.200 kW (1.2 MW) y, en adición a Maracaibo y
Caracas, se concentraba en otras cuatro ciudades: Valencia,
Barquisimeto, San Cristóbal y Mérida. En la primera mitad del
siglo XX el desarrollo del servicio eléctrico en Venezuela avanzó
lentamente con el concurso de compañías privadas y algunas
extranjeras en mercados aislados y de pequeñas dimensiones,
ocasionalmente con la participación puntual de municipalidades y
estados. Con casi inexistentes vías de comunicación y de
interconexión eléctrica el país no existía como un todo. A partir
de 1920 la economía nacional acusa la dinamización de su actividad
por gracia de la insurgente industria petrolera. El crecimiento de
la demanda comercial e industrial se activa en las pujantes grandes
ciudades y Caracas, en particular, vió expandir su entera capacidad
de generación hidroeléctrica en los ríos Guaire (El Encantado, Los
Naranjos de 2 MW y Lira de 350 kW en 1911); Mamo (Caoma, 3.2 MW,
1924; Marapa, 2.6 MW, 1931) e Izcaragua (1.6 MW, 1934) hasta alcanzar
un total de 19 MW en 1944. Era entonces necesario incursionar en la
generación termoeléctrica y La Electricidad de Caracas instala en
1930 su Planta La Guaira con 4 MW y en 1933 añade 5 MW. La
interconexión entre el litoral y la ciudad capital, sin embargo,
precisaba salvar distancias en montañas y establecer corredores
eléctricos. Ello dio lugar, casi que por fuerza, a una Ley de
Servidumbre de Conductores Eléctricos dictada en Agosto de 1928 por
el Congreso Nacional. Habrían de transcurrir 70 años para cuando,
en 1999, se formulara la primera Ley Orgánica del Servicio Eléctrico
en Venezuela. Dicho de otra forma: con apenas una Ley de
Servidumbre como único marco jurídico del Sector, los capitales
privados y público coexistieron en la construcción de un robusto
sistema interconectado nacional durante la segunda mitad del siglo
XX. A la muerte de J. V. Gómez en 1935 la nación contaba con 71
MW de capacidad instalada en un disperso conjunto de ciudades en el
interior y en las grandes capitales de estados, sirviendo sólo un
30% de una población de 3.5 millones de habitantes. En el contexto
de naciones de Latino América ocupábamos uno de los más bajos
índices de desarrollo eléctrico. Este mapa eléctrico de los años
40s, que hoy nos luce rezagado tecnológicamente y sin las
dimensiones de la interconexión a grandes voltajes que Venezuela
actualmente exhibe, es equiparable al mismo mapa eléctrico que hoy
se nos quiere imponer como generación distribuida,
desiderátum de sistema eléctrico muy propio de la Cuba anclada en
los años 50s y que, en un insensato salto regresivo en el tiempo, ha
sido adoptado en el siglo XXI por una CORPOELEC inviable. En los
diez años que siguieron a la muerte de J. V. Gómez inicia un
proceso de institucionalización de la República, expansión
económica y modernización de la infraestructura. El servicio
eléctrico, en consecuencia, es privilegiado por un hecho de radical
importancia histórica. En 1946 se crea la Corporación Venezolana
de Fomento y se diseña el primer Plan Nacional de Electrificación
con participación de la consultora norteamericana Burns & Roe.
De la CVF nacen dos corporaciones estatales, complementarias en sus
misiones, cuales son la Cia. Anónima de Administración y Fomento
Eléctrico (1958), cuya tarea fue electrificar el país a partir de
la unificación de 20 empresas eléctricas regionales, y la Comisión
de Estudios para la Electrificación del Caroní (1956), devenida
luego en CVG EDELCA. Cuatro décadas más tarde, finales de los años
90s, CADAFE había electrificado a un 90% de las poblaciones mayores
de 5.000 habitantes y EDELCA había ejecutado el más formidable
proyecto de hidroelectricidad en el mundo (Macaguas I, II y III; Guri
I y II, Caruachi en 20% de avance físico) con una capacidad conjunta
de presas en escalera de 15.000 MW y un sistema interconectado
nacional de 10.000 kilómetros de líneas de transmisión a muy altos
voltajes (230 kV, 400 kV y 765 kV) que nutre de energía limpia,
renovable y barata a los centros urbanos e industriales de Oriente,
Occidente y Centro del país, amén de fertilizar Ciudad Guayana
(800.000 habitantes) y el complejo de industrias pesadas del Hierro,
el Acero y el Aluminio. La hidroelectricidad del Caroní nos
significa un volumen de 540.000 barriles equivalentes de petróleo
por día y nutre de renta a la renta petrolera, es su mejor siembra.
Dicho de otra forma: sin el Caroní y si hipotéticamente generando
un volumen de termo-electricidad igual en magnitud (a la del Caroní),
Venezuela hubiera habido de sacrificar en estos tiempos la
exportación de cerca de 500.000 barriles de petróleo por día. Si
alguna visión estratégica tuvimos en el siglo XX, que las hubo, la
visión del Caroní califica como la más sabia. Esta visión de
país es hechura de un conjunto de venezolanos excepcionales, entre
ellos R. Alfonzo Ravard, R. DeLeón, R. Tellería, continuadores de
iniciativas y esfuerzos de los no pocos Ricardos Zuloagas que les
precedieron desde medio siglo antes. El Caroní, sin embargo, ha
sido victimizado como debilidad estratégica por la
nomenklatura revolucionaria del siglo XXI, a manera de coartada
mediática para invisibilizar el éxito de su anti-planificación (en
manos vitalicias de un Giordani), de su desprofesionalización
(capitaneada por Alí Rodríguez) y de su delincuencia instituida (R.
Ramírez). Héctor Navarro, de quien nada que implique pensamiento
propio pueda esperarse, es ahora portavoz de leyendas chuscas. Todos
ellos, para quienes destruir es sencillo como quiera que nunca
trabajaron constructivamente y menos en el Sector Eléctrico, son
responsables política y penalmente de los daños a la Nación
causados por su crisis eléctrica. Por si fuera poco, a la crisis de
generación-transmisión superpusieron una crisis institucional cual
es su personalísima creación revolucionaria de un frankestein
llamado CORPOELEC. Antes de tratar la inviabilidad de CORPOELEC, es
obligante reseñar dos hechos que le preceden: el primero es la
política de privatización de las estatales eléctricas (excepto
EDELCA) y el segundo es la desnacionalización de la Electricidad de
Caracas.
II Privatización de
las estatales eléctricas
La configuración
institucional-corporativa del Sector Eléctrico venezolano, una
centenaria entente público-privada, llega entonces al siglo XXI con
muchísimos más éxitos que sus focalizados fracasos, entre los
cuales destaca la corrupción e ineficiencia corporativa de la CADAFE
desde mediados de los años 80s en adelante. Son éstos los años de
modelos experimentales en la Inglaterra de Thatcher conocidos como
desregulación de los servicios públicos, desregulación
inspirada en la libre competencia de mercados (Adam Smith), entre
ellos el servicio eléctrico, y que fueran adoptados acríticamente
en algunos países latinoamericanos, notablemente en Argentina con
también notables resultados adversos, al igual que ocurriría por
igual en la Inglaterra contemporánea. La permitida corrupción en
CADAFE, al igual que la inducida crisis eléctrica del siglo XXI,
conllevan intencionalidad y la intencionalidad no podía ser otra que
de las clases políticas. Así entonces, en aras de erradicar la
corrupción en CADAFE el Ejecutivo alentó la privatización
regionalizada de sus filiales y tal tarea le es confiada al Fondo de
Inversiones de Venezuela (1974), detentador de las mayorías
accionarias en CADAFE, ENELVEN y ENELBAR. En Octubre de 1998 es
privatizado el Sistema Eléctrico de Nueva Esparta, pero en Diciembre
1998 ocurre un cambio de gobierno. Detuvimos de inmediato los
procesos de privatización en la agenda del FIV para 1999
(Monagas-Delta Amacuro, ENELVEN y ENELBAR, Centro, etc.). La razón
es casi de sentido común y económico: sin Ley Eléctrica mal
podrían la Nación y los capitales privados, nacionales e
internacionales, comprometerse en un modelo financiero que diera
sustentabilidad a las nuevas inversiones, inversiones por demás
cuantiosas habida cuenta que duplican cada 15 años en economías no
saturadas eléctricamente. Infelizmente para Venezuela, el Ejecutivo
había vetado invertir en las empresas estatales a ser privatizadas,
un proceso que por torpezas e intereses criollos se extendió por más
de un lustro y así, en un mientras tanto de la política, llegamos
en 1999 a una desinversión acumulada de $5.000 millones en CADAFE,
ENELVEN y ENELBAR. Mal podría Venezuela, más aún, desregular en
ausencia de regulación jurídico-institucional que aún no tenía.
Una vez más, la nomenklatura revolucionaria del siglo XXI invoca
recurrentemente este desacierto histórico como causa exhaustiva de
la crisis eléctrica en el siglo XXI, no importando que ya en
Diciembre 1999 hubiéramos consagrado en la primera Ley Eléctrica un
consensuado modelo económico, planes de transición para la
expansión de la generación termoeléctrica y capitales estatales
suficientes para salvar este hito.
III Desnacionalización
de la Electricidad de Caracas
En
Mayo 2000, a escasos meses de la promulgación de la Ley Eléctrica,
y contraviniéndola, el Ejecutivo desnacionalizó la Electricidad de
Caracas. Una vez más, la nomenklatura revolucionaria falsifica la
historia endosando a los accionistas de la EDC la culpabilidad de la
desnacionalización. La historia es otra y explica muy bien el
actual estado de cosas en CORPOELEC con referencia a las crecientes
fallas eléctricas en la Capital. Miraflores favoreció la compra de
la Electricidad de Caracas por la empresa norte-americana AES,
empresa financiera de incierto capital y vinculada al Departamento de
Estado. En Mayo 2000, Dennis Bakke, presidente de AES Corporation,
entraba a Miraflores de la mano de Alí Rodríguez Araque, entonces
al frente del Ministerio de Energía y Minas (MEM), y declaró al
salir que el Jefe
de Gobierno será neutro (sic)
ante la desnacionalización de la C.A. Electricidad de Caracas (EDC
en adelante), siendo su
compra-venta un negocio entre capitales privados
(sic).
Fundada por un grupo de venezolanos liderizados por
Ricardo Zuloaga, la EDC era entonces la empresa venezolana de mayor
tradición histórica en Venezuela, pionera en la ingeniería de
generación hidroeléctrica en Latino América, re.: El Encantado,
río Guaire, 1897. La C.A.
Electricidad de Caracas
es una empresa de servicio público, constituida el 12 de noviembre
de 1895 por capitales nacionales, que sirve energía eléctrica a la
Gran Caracas, asiento de los Poderes Públicos del Estado y sus
zonas circunvecinas. Quien suscribe fué Director General de
Electricidad del MEM desde Enero de 1999 a Junio de 2001 y se opuso a
la desnacionalización de la EDC por Miraflores,
desnacionalización
permitida a apenas tres meses de ser consagrada la primera Ley
Orgánica del Servicio Eléctrico
(Diciembre 1999, primera habilitante) y en la cual se vetaba de iure
un exabrupto político tal. Tengo para mí que la ilegal venta de la
EDC a la americana AES Corporation se incuba en el imaginario
primitivo de Alí Rodríguez y H. Chávez, creídos ambos que con
ello golpeaban a un cierto enclave de la oligarquía. Nada menos
cierto: la familia Zuloaga detentaba un siete por ciento de las
acciones y el resto estaba en manos de grupos varios venezolanos (ca.
30%), mientras que resto de las acciones era propiedad de
trabajadores y usuarios venezolanos del servicio eléctrico.
Si la
compra de la EDC por AES Corporation violentaba la Constitución y la
Ley Eléctrica de 1999 y por ello fue impugnada su venta ante el TSJ
y admitida
la demanda en 2006,
más grave todavía es que en 2007 la Nación re-comprara
de la AES bienes en litigio.
Este mismo Gobierno que permitiera la desnacionalización de la EDC
en Mayo 2000, invocó en 2007 razones de Estado (sic) para
gobiernizarla
(que no estatizarla) pero pretende desconocer que, por idénticas
razones, la Sala Constitucional del TSJ considera todavía hoy
en litigio sus activos empresariales, cfr.: Expediente TSJ No. 1939.
Desde Mayo 2000, en efecto, AES Corporation ha sido asumida como
propietaria de la empresa C.A. Electricidad de Caracas a raíz del
írrito intercambio de acciones fraguado mediante su hostil Oferta
Pública de Adquisición (OPA) durante los primeros meses del 2000.
En aquel entonces, doce años hace, el actual Gobierno transgredió
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su
Artículo 150 permitiendo, sin la aprobación de la Asamblea
Nacional, la cesión de un 82% de las acciones de la EDC, una empresa
de interés público, a una sociedad extranjera no domiciliada en
Venezuela. En igual vena, el actual Gobierno transgredió el
cumplimiento de lo pautado en el Artículo 48 de la Ley
Orgánica del Servicio Eléctrico (promulgada
el 31 de diciembre de 1999) y el cual reza como sigue: "...las
concesiones (de distribución de electricidad) sólo podrán ser
transferidas previa autorización expresa del ente concedente y
conforme a las condiciones establecidas en esta Ley y en su
Reglamento". Justamente por ello, y en sentencia de fecha 26 de
octubre 2006, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
admitió el recurso de nulidad por omisión interpuesto el 22 de
Junio del 2000 por los ciudadanos María
Josefina Walter Valecillos
y Fermín Toro Jiménez, ex embajador ante Naciones Unidas, contra
las operaciones de compra-venta de la empresa C.A. Electricidad de
Caracas entre los anteriores propietarios e "Inversora DS 2000",
filial ad hoc de AES Corporation. Dice Andrés
Mata Axpe
(2007), ingeniero-planificador de CVG Electrificación del Caroní:
"AES
Corporation compró la Corporación EDC en 2000 por 1.600 millones de
dólares, pero no compró la empresa que ahora está vendiendo al
gobierno por 730 millones de dólares; compró un conglomerado
empresarial de mucho mayor valor comercial. Parte del acuerdo que
hizo AES con algunos de los grandes accionistas de EDC fue vender los
activos de EDC en Colombia. Así, la participación de EDC en EPSA,
Electrocosta y Electricaribe, fue vendida a Unión Fenosa por una
cifra que en su momento se mencionó en 235 millones de dólares;
mientras en El Salvador se las vendió a su propia casa matriz por
una cifra que no se conoció.
Con
estas operaciones AES recuperó una significativa parte de los 1.600
millones de dólares invertidos al que las inversiones comprar EDC.
AES también vendió las filiales Domegas y Genevapca, generadora de
vapor y electricidad para el Complejo Refinador Paraguaná
(Amuay-Cardón), amén de infraestructura comercial y espacios
urbanos destinados a la expansión futura de redes eléctricas, de
modo que lo que le está vendiendo ahora al Gobierno venezolano es un
conjunto de activos de mucho menor valor.
Le
pregunto entonces a los revolucionarios Chávez, Rodríguez, Silva
Calderón, Ramírez et al: ¿y no son acaso ustedes responsables de
la descapitalización de la EDC y de la no inversión por AES
Corporation en el sistema eléctrico de Caracas durante 2000-2007?”.
Dicho
crudamente: el Ejecutivo irresponsable y revolucionario infligió a
la Nación una herida difícil de sanar, no otra que la de
estrangular la expansión de la infraestructura eléctrica urbana
(subestaciones y corredores) en la ciudad Capital y acumular durante
2000-2007 una riesgosa desinversión en la EDC para mal servir una
ciudad cuyos circuitos subterráneos en el casco fundacional datan de
los años 30s y hace ya tiempo reclaman reemplazo. No obstante ello,
el alto mando eléctrico revolucionario, capitaneado por Alí
Rodriguez (2010-2011), no se fatiga en dragonear con lenguaje
cuartelario acerca de un pretendido blindaje de Caracas para, a la
fecha, inútilmente esconder una Caracas desblindada que importa
1.400 MW del Caroní (un 60% de su demanda), de ese Caroní
revolucionariamente estigmatizado como debilidad estratégica del
siglo XX. Si la decisión de desnacionalizar la EDC fue un hecho
criminal contra la Nación, no menos criminales son las decisiones de
vetar los desarrollos hidroeléctricos en el Alto Caroní (10.000 MW)
y la de asesinar por encargo el proyecto orimulsión, combustible
termoeléctrico con presencia en 3.000 MW de 12 paises que lo
importaron hasta 2003. Vetar el Alto Caroní es decisión
personalísima de Giordani el planificador, mientras que el sicariato
de orimulsión es decisión de Alí Rodríguez, trepado a la
presidencia de PDVSA en 2002-2004, y en beneficio de los capitales
globales del carbón y del gas termoeléctricos. Ambas decisiones
son por derecho propio de interés nacional pero nunca fueron
debatidas con la Nación. Si bien estas dos decisiones nos han
restado un valioso tiempo para diseñar el futuro de la industria
eléctrica, futuro que irracionalmente nos bloquea la nomenklatura
revolucionaria, las carencias de gas y diesel nos bloquean el futuro
inmediato: no hay combustibles termoeléctricos y la importación de
diesel resulta, en definitiva, un lucrativo negociado para Ramirez et
al.. Estos varios exabruptos decisorios no son del todo ajenas al
asunto que nos ocupa cual es CORPOLEC, como quiera que la clase
trabajadora ya habrá de descubrir la raíz de sus males, un establo
de decisores irrepetibles: Ramirez, Rodriguez, Giordani. El análisis
de CORPOLEC precisa previamente ser contextualizado en la Ley
Eléctrica del 99.
IV Ley Eléctrica de
Diciembre 1999
Identificar la
propiedad pública y privada es la piedra angular de la Ley Eléctrica
del 99 y sobre ella propusimos edificar un Sector Eléctrico sin los
males de CADAFE. Muy cierto es que la electricidad es asunto de
Estado, cualquier Estado, pero no por ello todas las tuercas y
tornillos de la industria eléctrica han de forzarse a ser propiedad
estatal. Para salvaguardar los intereses del usuario eléctrico,
razón de ser del servicio eléctrico, al Estado le compete erradicar
ineficiencias corporativas, tales las de CADAFE, y para ello le es
obligante asumir su rol de Estado fuerte y regulador. CORPOELEC es
epítome de una cadafe de cadafes, es decir: justo lo contrario de
una institucionalidad fuerte y reguladora, como quiera que el Estado
deviene en monopolio del servicio eléctrico y patrón único de la
clase trabajadora del Sector y, de facto, instituye la minusvalía de
los derechos de los usuarios eléctricos, los venezolanos todos.
Ahora bien, no hay dos sistemas eléctricos iguales, de manera que no
hay una solución única y universal para instituir la relación
entre el Estado, las empresas eléctricas y los usuarios. Ello viene
al caso porque -por gracia de la acriticidad infantil cultivada en el
alto mando eléctrico- se arguye que en Francia, a manera de contra
ejemplo, la propiedad de la industria es estatal, subestimando adrede
que un 80%+ de su generación es nuclear. Ahora bien, existen mil y
un arreglos posibles institucionales, pero sólo uno es mejor que los
restantes y hay que identificarlo, debatirlo y consensuarlo entre los
actores del Sector. En el caso de Venezuela propusimos y proponemos
que la propiedad estatal de la industria se concrete en los
desarrollos hidroeléctricos del Caroní y de los Andes, en la red
troncal de transmisión (fusión de activos a 230 kV, 400 kV y 765
kV) y en los combustibles termoeléctricos (gas, diesel, fuel,
orimulsión). El resto de los activos de infraestructura de
generación y transmisión bien pueden estar abiertos a capitales
privados, preferiblemente nacionales: tal el caso de Planta Centro
(véndase por $1). La distribución y comercialización, a su vez,
son las actividades más cercanas al servicio prima facie -i.e.:
distribución y comercialización son los espacios en los cuales se
reconocen e interactúan la industria y el usuario- y pueden en
consecuencia sanamente inscribirse en un espectro de cambios de
propiedad a manos de usuarios y trabajadores eléctricos: tal el caso
de la EDC pre-desnacionalización en Mayo 2000. Si bien la Ley
Eléctrica no hizo de ello un mandato, como tampoco lo hizo del
desmantelamiento de CADAFE ni de la creación de la Empresa Nacional
de Transmisión, es explícito que en su formulación se dibuja un
mapa de ruta ad hoc: la separación de actividades y con base en ella
se desmantela CADAFE y se activa, ahora si, su cambio de propiedad a
manos de capitales nacionales, usuarios y trabajadores. Ello, sin
embargo, no podría materializarse en ausencia de mecanismos que
purgaran ineficiencias corporativas y erradicaran nuestros atávicos
males conceptuales a la hora de definir precios de las energías
primarias y tarifas eléctricas. La Ley Eléctrica del 99 estableció
un modelo económico con base en la asignación óptima de la mezcla
hidro-termo. El modelo de asignación óptima es, en esencia, un
modelo de competencia perfecta en generación y, justamente por ello,
es el mecanismo para arbitrar la entrada de máquinas eficientes y la
salida de las ineficientes. El modelo de asignación óptima
justiprecia la energía del Caroní en los nodos de transferencia del
Sistema Interconectado nacional, siendo como es la hidroelectricidad
del Caroní la energía dominante en el Sistema Interconectado
nacional y, en buena teoría marginalista, la que dicta precios de
las energías primarias (gas natural, diesel, fueloil, orimulsión)
en un sistema espacial en equilibrio. El modelo en cuestión es de
naturaleza matemática siendo que es aleatoria la conducta del Caroní
y es determinista la conducta del parque de generación
termo-eléctrica. Como quiera que no hay dos sistemas eléctricos
iguales y sólo hay un río Caroní, ya desde mediados de los años
80s Venezuela tuvo un modelo matemático para la operación del
despacho de cargas en tiempo real (OPSIS) y para la planificación
del Sistema Interconectado nacional por EDELCA (re.: familia de
modelos PLHITER conceptuados y desarrollados por IDESE, una empresa
rara avis que integra consultoria e investigación). La filosofía
del modelo matemático de asignación óptima hidro-termo se llama
Valor Agua (autoría de G. González y A. DeLima, 1992), mientras que
la construcción del modelo utiliza los métodos de la Programación
Lineal y Dinámica Estocástica insertos en el tratamiento de los
caudales del Caroní (60 años de historia) por gracia de diseños
experimentales multi-variantes. Si la solución primal del modelo
PLHITER cuantifica en tiempos real y futuro la asignación óptima de
la mezcla hidro-termo, la solución dual del modelo (nunca utilizada)
cuantifica el sistema de precios en equilibrio para los nodos de
intercambio del Sistema Interconectado nacional. A partir de ellos
emerge inequívocamente la racionalidad de un sistema de tarifas
eléctricas, una genuina racionalidad distinta y distante de las
inútiles controversias entre el regulador y las empresas eléctricas
a la hora de pujar por los favores de una variopinta de metodillos
llamados FACES y CACES. Todo ello, y bastante más, fue debatido
intensa y extensamente durante la formulación de la Ley Eléctrica
durante Febrero-Noviembre 1999. Esta experiencia teórico-práctica
intra Sector Eléctrico, por demás inédita, fue ciertamente
productiva intelectualmente para el colegiado profesional, tanto como
política y financieramente lo sería mas tarde para los indeseables
predadores del devenir nacional. Nervis Villalobos y J. L. Pacheco
se hicieron con trofeos de guerra pillados en las batallas
ministeriales, el primero alcanzando ahora la conducción en PDVSA de
los nuevos negocios eléctricos a la sombra de R. Ramírez (donde se
fraguan los sobre costos de la clase Derwicks por los hijos de J.
Alvarado et al.), mientras que el segundo barniza de gris brillante
sus grisáceos intelecto y ética. Con seguridad lo más notable de
esta experiencia sean las acrobacias políticas de Alí Rodríguez,
entonces ministro de Energía y Minas durante 1999-2000. El miento
luego existo de Alicito nos hizo entonces creer que entendía el
quid de la Ley Eléctrica del 99. Nada más lejos de la realidad a
la hora de Alicito ser tutoreado en sistemas eléctricos de
retaguardia por Ramirito Valdez, héroe de los fusilamientos de La
Cabaña. Acusada de neoliberal, la Ley Eléctrica del 99 sufrió de
vacatio legis durante 2000-2005, a la espera de que se ensayaran más
tarde en la Asamblea Nacional foquista (2005-2010) curiosas
versiones legislativas del socialismo eléctrico o de la electricidad
socialista (en contravía al dictum de V. I. Lenin en 1920).
Mientras tanto, el tándem alicito-ramirito ingeniaba la agenda de la
Misión Energía (2009), valga decir: bombillos ahorradores,
planticas diesel para la generación distribuida (la de
nuestros años 40s) y consultores cubanos que nos salvarían de su
inducida crisis eléctrica por via de respuestas rápidas
(sic), para así rápidamente nutrir de dineros eléctricos a los
revolucionarios de allá y de acá porque somos una misma cosa,
al decir de Raulito. Y así llegaríamos a CORPOELEC, versión
criolla de la Unión Eléctrica de Cuba (un holding inocuo para
administrar 4.000 MW en 500 planticas distribuidas y 1.000
kilómetros en 115 kV).
V CORPOELEC
CORPOELEC es un
compendio de errores decisorios, trágicos en su mayoría si a juzgar
vamos por su incidencia en la buena marcha del Sector y de la Nación.
Dicho está: la energía es bien de bienes (sin ella no hay
producción de bienes a partir de bienes) y la electricidad es el
servicio de los servicios. Así las cosas, no hay lugar para
benevolencias con la clase política en funciones de gobierno a la
hora de explicar su destrucción de las industrias del petróleo, del
gas y de la electricidad. Venezuela es hoy riesgosamente vulnerable
en su seguridad energética: los inventarios de gasolinas y diesel se
ubican en 8 y 13 días respectivamente, mientras que el déficit de
capacidad disponible de generación eléctrica se ubica en 4.000 MW.
En un país llamado Energía y aviesamente mediatizado como potencia
energética, ello es per se inexplicable para un observador
cualquiera ajeno a los trucos y engaños del proyecto
socialistoide-militarista del siglo XXI. No lo sería, sin embargo,
si conjeturase por sus efectos y por sus beneficiarios. Veamos: la
crisis eléctrica deviene en sumisión política cuando quiera que
las carencias de electricidad activan un estado de indefensión e
inseguridad cotidianas en la población: la crisis eléctrica es el
camino a la barbarie, a La Habana. Para los beneficiarios y
causahabientes, revolucionarios de ocasión en su mayoría, la crisis
eléctrica es una formidable inversión que le facilita acumular
capitales en caso de que la revolución fracase, dictum de Alí
Rodríguez ya en 1999. En 2010-2011 los dineros eléctricos
alcanzan su zénit cuando finalmente la Nación conoce a confesión
de parte (cfr. memorias 2010 y 2011 del minpopo eléctrico) que ca.
$30.000 millones fueron asignados para 37 proyectos y proyecticos de
generación y que, de tan extravagante volumen de dineros, no es
difícil conjeturar que $6 de cada $10 califican como sobre-costos si
justipreciados internacionalmente. De estos proyectos es Tocoma el
buque insignia: cuesta a la fecha $6.200 millones (2.200 MW), tanto
como Guri en su momento (10.000 MW); dicho de otra forma: en Tocoma
anidan $3.200 millones de sobre-costos, sobre-costos que se
transvasan en las relaciones gobierno a gobierno, de
revolucionarios a revolucionarios, por vía de sus empresas asociadas
de la clase ODEBRECHT (Brazil) e IMPSA (Argentina). Es ahora cuando
nos preguntamos qué se preguntaría un trabajador raso de CORPOELEC
de saber lo que ahora es público y notorio, cuando a diario sufre de
carencias de cascos, botas, y herramientas para su trabajo de calle.
En igual vena, nos preguntamos cómo explicaría H. Navarro a un
trabajador raso de CORPOELEC que sus reclamos por derechos laborales
no honrados son asimétricos a la luz de tal despilfarro y corrupción
en las clases políticas que dicen dirigir la corporación eléctrica
y PDVSA. Respondidas estas preguntas, si algo van descubriendo los
trabajadores rasos de CORPOELEC y PDVSA es que el gobierno
socialistoide-militarista es un timador contumaz que, en su intimidad
stalinista, no los quiere porque la clase trabajadora organizada es
un dique de contención al totalitarismo fascista. Así las cosas,
el gobierno recurre a los falsos trabajadores y, por extensión, a
los falsos liderazgos de los movimientos obreros. Tan no quiere a la
clase trabajadora como tampoco quiere al conocimiento y a las clases
profesionales, de allí que la raíz del proyecto socialistoide sea
la desprofesionalización y, en su reemplazo, la emergencia de una
variopinta de consultores y empresas iraníes, chinas, cubanas,
brasileras, argentinas, etc. y todo posible por gracia de la renta
petrolera. La gerencia de esta singular aventura compete a un
establo intelectualmente indigente, v.gr.: Ramirez, Rodriguez,
Giordani, …. y ahora Navarro, un ingeniero sin ingenio ni oficio de
ingeniería. En este contexto político-institucional nace CORPOELEC,
un forcep inviable que empaca en un mismo saco a los edelquianos con
los edec, a los enelven con los sénecas. Diría Alí Rodríguez en
uno de sus memorables pensamientos: hay resistencia (a
CORPOELEC) porque hay querencias (a las culturas empresariales
históricas). También alicito diría en Enero 2012 que entrega un
sistema eléctrico estable y confortable. CORPOELEC, en
consecuencia, es tácticamente la creación por el gobierno de un
único patio de confrontación, hecho a su medida, para someter a las
clases trabajadoras y profesionales del Sector Eléctrico y para ello
apuesta al desgaste inducido por las potenciales disimilitudes entre
sus varias culturas históricas. Así, por ejemplo, nada más
disímil que la cultura corporativa de un trabajador de Macagua y la
de un trabajador de Planta Centro; nada más disímil que la cultura
de un trabajador de la EDC y la de un trabajador de ENELVEN.
Entiéndase bien: que sean disímiles no conlleva disonancias en
actitudes y/o contradicciones de clase porque, a la postre, todas las
culturas generan, transmiten y distribuyen electricidad. Que sean
disímiles significa que sus misiones y visiones corporativas son
diferentes histórica y geográficamente; son diferentes en su
tramado de realizaciones profesionales y en sus remuneraciones; son
diferentes en sus múltiples experiencias adquiridas en los mil y un
espacios de la industria eléctrica. En fin, si hay diferencias
naturales … ¿cuál es el costo-beneficio para los usuarios
eléctricos y la Nación cuando se homogeneizan por fuerza a los
trabajadores eléctricos?. De ello no conocemos estudio alguno, tal
vez porque nunca existió. Ahora bien, antes de engendrar al
frankestein CORPOELEC, el Ejecutivo hubo primero de proceder a la
gobiernización en 2007 de las empresas eléctricas todavía
en manos privadas (viz.: EDC, ELEVAL, SENECA, …). Así por ello,
el Ejecutivo dispuso $1.200 millones para que PDVSA comprara activos
eléctricos, antes que invertir en elevar la calidad del servicio
eléctrico. No es para olvidar que el Ejecutivo compró en 2007 los
bienes en litigio de la EDC, la misma EDC que desnacionalizara 7 años
antes. Así las cosas, el alto mando eléctrico se dio a la tarea de
primero engullir a EDELCA (sic, así reza la órden
militarista que graciosamente firmara su entonces presidente Igor
Gaviria) y luego, una a una, engullir el resto de las
empresas. Ya engullidas las empresas todas en el aparato digestivo
de CORPOELEC, el Ejecutivo saca al desgaire un cojitranco arreglo
institucional, suerte de alka seltzer, y no pudo ser otro que el más
simplista conceptualmente: toda la generación queda bajo el mando de
un mismo comisario político, ídem toda la transmisión, ídem toda
la distribución. La complejidad y conflictividad de un proceso de
fusión de empresas pudo ser salvada con estudios ad hoc, gerencia y
probidad política en el caso de las filiales de PDVSA luego de su
nacionalización en 1976. No ha sido así en el caso del
engullimiento de las empresas eléctricas por el holding
CORPOELEC: ni sus trabajadores ni la Nación supieron del por qué y
del para qué. Más aun, resolver un teorema de estas dimensiones
poco o nada tuvo que ver con las lecciones aprendidas en el pasado
cuando en ocasiones se consideró un holding para el Sistema
Eléctrico venezolano, viz.: la intención de una casa matriz o
holding eléctrico indicada en el V Plan de la Nación y las
propuestas avanzadas por CADAFE en los años 80s. Todas las
propuestas para un holding fueron siempre diferidas por las mismas
razones que arriba anotamos. Nos preguntamos entonces acerca de qué
no estaba bien en el arreglo institucional-político de 1998-2007
para, manu militari, desconyuntar lo existente, valga decir: despedir
y jubilar profesionales a mansalva (remake de PDVSA en 2003), cambiar
atropelladamente sus ubicaciones en distintos edificios de Caracas,
militarizar EDELCA, crear jerarquías sin autoridad, etc. Nos
preguntamos si hoy estamos mejor que ayer, toda vez que EDELCA, joya
de la corona, esta destruida. La osadía de H. Navarro es
paradigmática cuando afirmara recientemente en VTV que ahora todo
el mundo quiere trabajar en CORPOELEC y no en PDVSA (?). Y es
que acaso, le preguntamos a Navarro, ¿puede cualquiera trabajar en
el despacho de cargas?. Nos preguntamos, de mayor importancia, si
CORPOELEC es viable financieramente, siendo que sus ingresos tienen
un ostensible origen en compulsivas transferencias del fisco y en la
aleatoria renta petrolera, antes que en un modelo económico
sostenible toda vez que las tarifas eléctricas no justiprecian los
costos del servicio ni las inversiones. Es predecible entonces que
las carencias de ingresos propios hayan sido y serán una constante
en la inviabilidad financiera de CORPOELEC y que las víctimas de su
inviabilidad financiera sean sus clases trabajadores y, a la postre,
nosotros los usuarios eléctricos. En 1998 las empresas eléctricas,
públicas y privadas, empleaban 26.152 trabajadores y la capacidad
disponible de generación era de 17.543 MW. En 2011 el holding
CORPOELEC mantiene una nómina de empleos directos y tercerizados
superior a los 35.000 empleados y la capacidad disponible de
generación no es sensiblemente superior a la de 1998. Para mejor
dimensionar el fraude político perpetrado por la revolución contra
los trabajadores de CORPOELEC es suficiente con la lectura de sus
mensajes, internos y públicos, al gran timonel, dador supremo de
bienestar.
Víctor J. Poleo
Uzcátegui
2 de abril de 2012
