El pasado 26 de septiembre el pueblo venezolano le propinó un sonoro no, en las urnas, al presuntamente providencial Hugo Chávez. Esto, y no otra cosa, es lo que ocurrió en las elecciones parlamentarias nacionales del país caribeño. Sólo una amañada fórmula de computar los votos en los distintos distritos electorales -diluyendo los urbanos y privilegiando los rurales- impidió que, pese a haber logrado la mayoría de sufragios, la oposición venezolana no obtuviera la mayoría de las bancas parlamentarias.El próximo 5 de enero, como resultado de esa derrota, Hugo Chávez debía automáticamente perder las mayorías necesarias para sancionar leyes importantes. Desde esa fecha deberá contar con votos que estarán en manos de la oposición, por mandato popular. Por eso puso en marcha y ejecutó, con total descaro, una monumental estafa política. Burda como pocas en la historia de la región.
Se hizo delegar a sí mismo todas las facultades legislativas, por un período de 18 meses, mediante una llamada “ley habilitante”, que acaba de ser sancionada y promulgada a toda marcha, obviamente porque ello dejará de ser posible a partir del 5 del mes próximo. Invocando la presunta necesidad de responder eficazmente a paliar los efectos de lluvias torrenciales, Chávez asumió facultades totales, no sólo sobre la forma de reaccionar ante los efectos de ese fenómeno meteorológico, sino además -consumando la inocultable estafa política apuntada- sobre temas, tales como infraestructura, transporte, servicios públicos, vivienda y hábitat, uso de la tierra urbana y rural, cuestiones financieras y tributarias de todo tipo, seguridad individual y jurídica, defensa, cooperación internacional y sistema socioeconómico.
Ha asumido así personalmente las facultades del Poder Legislativo y se ha transformado en omnipotente. Esto es, en dictador. Peor, ha despojado a la próxima legislatura de lo sustancial de sus facultades, transformándola en apenas un ente sin poderes, desnudo de facultades y sometido a su voluntad, como todos los demás venezolanos. Los sumisos legisladores actuales son cómplices necesarios de esa estafa, al haber legislado más allá del plazo de sus respectivos mandatos, burlando groseramente la voluntad popular.
La oposición, a través de la Mesa Nacional de Unidad Democrática, ha denunciado lo sucedido, que califica de “golpe de Estado”. Es obviamente un escandaloso vaciamiento del próximo Congreso, al que se pretende imposibilitar el ejercicio de sus facultades constitucionales. Nada tienen que ver las respuestas a las lluvias con el anunciado impuesto al patrimonio. Tampoco con la nacionalización de la banca. Menos aún, con la defensa exterior.
Como si ello fuera poco, Chávez mantiene detenidos a varios legisladores, en violación abierta a las inmunidades que derivan del artículo 200 de la Constitución venezolana vigente.
En adelante, aquel apotegma absolutista de que “el Estado soy yo” será realidad en Venezuela. Nada más contrario a la democracia, basada en el equilibrio entre los poderes. Pero la Organización de Estados Americanos y sus Estados miembros contemplan inmóviles la audaz maniobra de Chávez. Como si tuvieran miedo. Legitimando así -por el momento, al menos- con un asombroso silencio lo que es una ruptura democrática tan abierta y clara, como brutal. Y abandonando al pueblo venezolano a su suerte.
Ahora se perciben mejor los porqués de la carrera armamentista de Chávez. Presumiblemente no era contra sus vecinos, sino contra su pueblo, al que desde hace tiempo pretende someter a sus designios personales, pasando por alto hasta a la propia Constitución de su país. La situación descripta es peligrosísima, pero la región no reacciona. En realidad, es peor: sus principales mandatarios, como si nada pasara, acaban de insistir en la necesidad de incorporar a la Venezuela de Chávez al Mercosur. La voz cantante la llevó la presidenta argentina, quien se mostró convencida de que esa incorporación podrá “cerrar la ecuación energética” y configurará un acto de “solidaridad y hermandad”.
De pronto, la llamada “defensa de la democracia” en la región, esto es, la “Carta Democrática Interamericana”, luce apenas como un débil instrumento para apoyar a quienes comparten ideologías o visiones, pero no a los pueblos. Frente a todos, la democracia ha sido abiertamente pisoteada y, no obstante, nadie parece protegerla en la región. Todos miran para otro lado.
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