viernes, 24 de diciembre de 2010
Editorial La Nación (Argentina): Chávez, monumental estafa política
El próximo 5 de enero, como resultado de esa derrota, Hugo Chávez debía automáticamente perder las mayorías necesarias para sancionar leyes importantes. Desde esa fecha deberá contar con votos que estarán en manos de la oposición, por mandato popular. Por eso puso en marcha y ejecutó, con total descaro, una monumental estafa política. Burda como pocas en la historia de la región.
Se hizo delegar a sí mismo todas las facultades legislativas, por un período de 18 meses, mediante una llamada “ley habilitante”, que acaba de ser sancionada y promulgada a toda marcha, obviamente porque ello dejará de ser posible a partir del 5 del mes próximo. Invocando la presunta necesidad de responder eficazmente a paliar los efectos de lluvias torrenciales, Chávez asumió facultades totales, no sólo sobre la forma de reaccionar ante los efectos de ese fenómeno meteorológico, sino además -consumando la inocultable estafa política apuntada- sobre temas, tales como infraestructura, transporte, servicios públicos, vivienda y hábitat, uso de la tierra urbana y rural, cuestiones financieras y tributarias de todo tipo, seguridad individual y jurídica, defensa, cooperación internacional y sistema socioeconómico.
Ha asumido así personalmente las facultades del Poder Legislativo y se ha transformado en omnipotente. Esto es, en dictador. Peor, ha despojado a la próxima legislatura de lo sustancial de sus facultades, transformándola en apenas un ente sin poderes, desnudo de facultades y sometido a su voluntad, como todos los demás venezolanos. Los sumisos legisladores actuales son cómplices necesarios de esa estafa, al haber legislado más allá del plazo de sus respectivos mandatos, burlando groseramente la voluntad popular.
La oposición, a través de la Mesa Nacional de Unidad Democrática, ha denunciado lo sucedido, que califica de “golpe de Estado”. Es obviamente un escandaloso vaciamiento del próximo Congreso, al que se pretende imposibilitar el ejercicio de sus facultades constitucionales. Nada tienen que ver las respuestas a las lluvias con el anunciado impuesto al patrimonio. Tampoco con la nacionalización de la banca. Menos aún, con la defensa exterior.
Como si ello fuera poco, Chávez mantiene detenidos a varios legisladores, en violación abierta a las inmunidades que derivan del artículo 200 de la Constitución venezolana vigente.
En adelante, aquel apotegma absolutista de que “el Estado soy yo” será realidad en Venezuela. Nada más contrario a la democracia, basada en el equilibrio entre los poderes. Pero la Organización de Estados Americanos y sus Estados miembros contemplan inmóviles la audaz maniobra de Chávez. Como si tuvieran miedo. Legitimando así -por el momento, al menos- con un asombroso silencio lo que es una ruptura democrática tan abierta y clara, como brutal. Y abandonando al pueblo venezolano a su suerte.
Ahora se perciben mejor los porqués de la carrera armamentista de Chávez. Presumiblemente no era contra sus vecinos, sino contra su pueblo, al que desde hace tiempo pretende someter a sus designios personales, pasando por alto hasta a la propia Constitución de su país. La situación descripta es peligrosísima, pero la región no reacciona. En realidad, es peor: sus principales mandatarios, como si nada pasara, acaban de insistir en la necesidad de incorporar a la Venezuela de Chávez al Mercosur. La voz cantante la llevó la presidenta argentina, quien se mostró convencida de que esa incorporación podrá “cerrar la ecuación energética” y configurará un acto de “solidaridad y hermandad”.
De pronto, la llamada “defensa de la democracia” en la región, esto es, la “Carta Democrática Interamericana”, luce apenas como un débil instrumento para apoyar a quienes comparten ideologías o visiones, pero no a los pueblos. Frente a todos, la democracia ha sido abiertamente pisoteada y, no obstante, nadie parece protegerla en la región. Todos miran para otro lado.
Teodoro Petkoff: Un hombre desesperado
Por: Teodoro Petkoff
Las acciones de Hugo Chávez, a finales de año, parecieran revelar a un mandatario todopodoroso, que hace lo que quiera, que se muestra cómo si él puede hacer lo que le da la gana; eso lo vemos en un primer cuadro.
Cuando uno mira la otra parte del cuadro, y como ya lo conocemos en estos 11 años de Gobierno, sabe que a Hugo Chávez se le está moviendo el piso de su dominio político, que el respaldo popular se le está desvaneciendo y con el agravante de que ya no puede seguir mintiéndole a la gente como ha venido haciéndolo.
Ya la gente lo conoce muy bien y sabe que todo lo que hace como estas medidas de última hora, como la Ley Habilitante, la reforma de las leyes Resorte, de Telecomunicaciones, la Ley de Educación Superior y hasta la ridícula Ley Antitalanquera no son más que medidas dirigidas a su gente más radical, porque el respaldo popular se le está desvaneciendo.
Chávez sabe que la oposición ha venido creciendo exponencialmente con las gobernaciones y alcaldías alcanzadas, y que están regadas por todo el territorio nacional, y alos cuales se agregan ahora 67 diputados en representación de las fuerzas democráticas.
En el fondo, Chávez se ve disminuido y adopta estas medidas radicales para su gente radical, que ya son pocas. Pero está muy equivocado, porque entusiasma a los radicales, que son pocos, pero aquellos que todavía creen en él se le están escurriendo. De allí la creación de esa desesperada Ley Antitalanquera, para que nadie se la vaya. Aunque, le va a ser difícil enfrentarla, tal y como han sido esas manifestaciones al Sur del Lago, o los de los buhoneros en Caracas, o las del Táchira.
Gente que creyó en él y Chávez sabe, que toda esa gente ya no está con él. Es por ello que se vale de su fuerza agresiva, que yo creo que se agravará en el 2011. Cada uno de sus actos está robusteciendo el rechazo popular, el descontento nacional; porque, además, la oposición venezolana le responde todos los días de forma contundente.
A este cuadro dramático para el país, se añade ahora la condena al diputado zuliano José Sánchez “Mazuco”, sometido a un juicio kafkiano y descarado, con el fin de golpear a la representación parlamentaria de la oposición, objetivo que no lograrán porque detrás de Mazuco está su suplente. Lo mismo intentan fraguar contra el diputado de Yaracuy. O tal vez quieran aplicarlo contra Richard Blanco.
Es obvio entonces que, consciente de su frágil situación de respaldo popular, Chávez pretende ahora jugar más duro: aprobando leyes, que restringen y represivas.
De todos los ángulos de donde se vea, y a pesar de todas las acciones intimidatorias que está tomando el Gobierno, sabemos que no estamos en un país alertargado. Este es un país que está enfrentando con inteligencia los actos desesperados de un Presidente que sabe que no las tiene todas consigo. Por ello, su acción es cada vez más dura. Pero la oposición también responde de igual manera, con inteligencia y dentro de los cánnones constitucionales.
Por muchas leyes que hayan aprobabo, no podrá impedir que 67 diputados asuman desde el 5 de enero el debate parlamentario y asuman la función contralora que la moribunda Asamblea se negó a adoptar.
No obstante, hay que prepararse para un año duro. Debemos actuar de forma tal que, respetando la Constitución y las leyes, expresemos nuestra protesta dentro y fuera de Venezuela. Todas esas leyes y acciones tomadas es la respuesta de este Gobierno resquebrajado y de un Hugo Chavez que se siente atado, acorbadado. Sabe que el 2012 lo lleva tatuado en la frente
martes, 21 de diciembre de 2010
Venezuela: ley eléctrica prevé cárcel para quien revele los secretos del sector
Según analistas que prefirieron reservar su identidad, ésta es una ley fundamentalmente punitiva, toda vez que hace uso y "abuso" de la coacción e intimidación sobre el derecho a opinar, dar y obtener información, de un área pública y de interés colectivo.
Entre los elementos que destacan está la posibilidad de que empresas privadas puedan hacer sociedades con el gobierno 60%-40% para la construcción de obras y producción de bienes y servicios.
"Cualquiera que indebidamente y con perjuicio para la República, haya revelado secretos concernientes a la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, bien sea comunicando o publicando los documentos, u otras informaciones concernientes al sistema, será castigado con prisión de ocho a dieciséis años". Así reza el artículo 108 de la recién aprobada Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
Según analistas del sector, que prefirieron reservar su identidad, ésta es una ley fundamentalmente punitiva, toda vez que hace uso y "abuso" de la coacción e intimidación sobre el derecho a opinar, dar y obtener información, de un área pública y de interés colectivo.
Sin embargo, se desconocen los alcances reales de este artículo cuando se emplea la palabra "cualquiera". No está claro si se refiere a "cualquier empleado del sector", o si se hará extensible a quienes hagan uso final de la información filtrada, como pudiera ocurrir con los medios de comunicación.
Por su parte, el artículo 109 del instrumento legal, dice textual que: "Quien de manera intencional ocasione la interrupción del servicio eléctrico en todo o en parte del territorio nacional, será penado o penada con prisión de cuatro a ocho años".
Según abogados consultados esta es una demostración más de la coacción y del componente político que se le ha impreso a la legislación en materia eléctrica. "La ley eléctrica aprobada tiene un factor fundamental y primariamente político más que técnico, por lo que su aplicación podría dar al traste con las buenas intenciones que podrían estar detrás de ella".
Analistas señalan que con este artículo el Gobierno se adelanta a cualquier posibilidad o intento de huelga dentro del propio sector. "Se espera que con esto los trabajadores se abstengan de promover paros o protestas", comenta el analista.
Mar de contradicciones. La ley está repleta de contradicciones, dice el experto.
El instrumento hace alusión a la necesidad de alcanzar sustentabilidad económica y financiera, que implica necesariamente la cobertura de costos y gastos como en los principios capitalistas.
En primer lugar el modelo de gestión socialista que se toma como bandera dentro del esquema que intentan aplicar, se convierte en un dilema cuando se habla de sustentabilidad. "Este es un verdadero problema conceptual que habría que resolver", comenta la fuente.
Y en segundo lugar, se formula la pregunta de cómo se resolverá dentro del tema de la sustentabilidad financiera, que se pretende alcanzar, el hecho de que el primer moroso con el sector eléctrico es el Estado.
Pese a que la ley establece la fijación de tarifas, el Ejecutivo Nacional ha insistido que mientras el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) no esté en capacidad de brindar un servicio óptimo y adecuado para ejercer un cobro mayor de la electricidad, no se moverá el actual esquema tarifario.
Como se recordará los cánones eléctricos fueron congelados desde hace ocho años, mientras los costos y gastos para mantener en pie el servicio fueron creciendo de manera sustancial, entre ellos las nóminas de las filiales una vez estatizado completamente el sector.
Para analistas del entorno, esperar que el servicio llegue a niveles óptimos para iniciar un cobro mayor pudiera no darse en el corto plazo, toda vez que las inversiones que se requieren para lograrlo son elevadas y de larga duración. "Esta situación pudiera considerarse un círculo vicioso, pero el Gobierno no lo ve así, pues el componente político salta nuevamente a la palestra".
Un elemento positivo y rescatable que contempla la ley en materia tarifaria, es que a través de alicientes intenta reducir al menos el despilfarro energético que ha caracterizado a los venezolanos. "El esquema de tarifas contendrá incentivos que estimulen el uso eficiente de la energía eléctrica", reza la ley. Los analistas sin embargo, señalan que la definición de los parámetros tanto de subsidios como de incentivos deben ser racionales, si se quiere llegar a la sustentabilidad que establece la ley.
Empresas mixtas. Entre los elementos que llaman la atención está la posibilidad de que empresas privadas puedan hacer sociedades con el Gobierno 60%-40% para la construcción de obras, producción y suministro de bienes y servicios que sirvan de insumos a las actividades del sector.
Sin embargo, analistas señalan que la idea de que el Estado se reserve el control de las decisiones y operaciones de las empresas al mantener una participación no menor del 60% de su capital social, es un plomo en el ala que las compañías privadas difícilmente estarán en disposición de asumir.
"Si el privado no puede tomar las decisiones para definir sus necesidades de inversión, no pondrá su capital a correr riesgos", puntualizó el profesor y analista del sector eléctrico, José Manuel Aller.
Energía para compartir. El intercambio de electricidad a los países vecinos estará signado, según la ley, por las relaciones geopolíticas que el Gobierno ha definido en su modelo de acción en todos los órdenes relativos a la integración.
Este elemento se introduce en la ley en el artículo 5 titulado "Principios rectores para la prestación del servicio eléctrico. La prestación del servicio eléctrico se rige bajo los siguientes principios". El ítem 4 contempla la integración geopolítica como uno de esos principios rectores.
Se preguntan analistas qué ocurrirá entonces con las relaciones colombo-venezolanas en materia eléctrica. "¿Será sometida a la evaluación política que el Gobierno determine, sin importar que entre Colombia y Venezuela el intercambio de electricidad tiene más de 35 años?".
Megavatios expropiables. La ley reitera que los privados que empleen de dos megavatios en adelante podrán solicitar al Ministerio de Energía Eléctrica la instalación de plantas para la autogeneración. Sin embargo, estos sistemas deberán estar a disposición del Estado cuando éste lo requiera.
El punto que señala el académico, José Manuel Aller, es que estos equipos, que no son más que plantas de generación distribuida, son muy difíciles de interconectar a la red nacional. Sostiene que la incorporación de estos equipos al Sistema Interconectado Nacional (SIN) suele ser más costoso que la propia planta.
La administración de estos aparatos generadores es compleja. Son centrales muy pequeñas y dispersas, que además no pueden operar de manera continua. "El sistema no está pensado para cosas así, sino para grandes bloques de energía interconectados en ciertos puntos", asegura Aller.
La conclusión final de algunos conocedores del tema es que la nueva ley eléctrica se hace de todos los hilos del sector, bien sean determinantes o no para la prestación del servicio, lo que hace descansar sobre el Estado toda responsabilidad en torno al cumplimiento efectivo o no del servicio.
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ELMUNDO.COM.VE